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NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

17 noviembre, 2017 - 

El Pleno del Senado aprobó el pasado 11 de octubre de manera definitiva y por unanimidad la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. ¿Todavía no conoces las nuevas medidas adoptadas?

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CANCELACIÓN REGISTRAL DE SOCIEDAD LIQUIDADA

13 octubre, 2017 - 

El supuesto de hecho es el siguiente:

Mediante junta general universal se acuerda la disolución de una sociedad conforme al artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital, se nombra liquidador, se aprueba el balance final de la liquidación, se reparte el activo resultante y se declara liquidada y extinguida la sociedad, con solicitud de la cancelación de su hoja registral.

El registrador Mercantil deniega inscripción porque dicha sociedad había quedado extinguida y cancelados todos sus asientos en virtud de auto judicial que declaró la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa de la sociedad, acordó su extinción y dispuso la cancelación de su inscripción en los registros públicos y el cierre de las hojas registrales a los efectos concursales. También en la escritura se manifiesta expresamente que los únicos acreedores de la sociedad son los propios socios, renunciando formal y expresamente a sus créditos.

La DGRN revocó la resolución del Registrador, pues si bien la sociedad estaba extinguida por resolución judicial en procedimiento concursal, no por ello carece de personalidad jurídica residual y puede y debe realizar determinados actos respecto de operaciones de liquidación y de sus relaciones con socios y terceros.

Considera la Dirección que en el presente caso, habiéndose hecho constar la extinción de la sociedad con cancelación de la hoja registral como consecuencia del auto de declaración de cierre del concurso de acreedores, es improcedente inscribir una ulterior escritura de extinción de dicha sociedad. No obstante, debe tenerse en cuenta que en el supuesto de este expediente el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al margen del Registro Mercantil.

A estos efectos, el cierre de la hoja registral, por su propia configuración, debe admitir posibles asientos posteriores como los solicitados por el recurrente. En efecto, el nombramiento de liquidador es una vicisitud posterior a la cancelación que interesa a terceros; y, sin duda, las operaciones de liquidación reflejadas en la escritura calificada  constituyen otras vicisitudes de la sociedad que interesan también al liquidador, en cuanto comportan un efectivo cumplimiento de su cometido, de suerte que está justificado su reflejo registral «post mortem».

Además, tal constancia registral tiene claro apoyo en la aplicación analógica de lo establecido en el artículo 248, apartados 1 y 2, del Reglamento del Registro Mercantil, respecto de la inscripción -no obstante la cancelación efectuada- del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos socios en caso de activo sobrevenido.

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POSIBLE AUMENTO DE LOS CONCURSOS DE ACREEEDORES

29 septiembre, 2017 - 

Hasta julio 2017 se han incrementado los concursos de acreedores un 7%, por lo que puede producirse un cambio de tendencia frente al descenso de años anteriores y los concursos podrían incrementarse en este año 2017 en torno al 5%, según las conclusiones del Atlas Concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (Refor) del Consejo de Economistas.

Señala el informe que continúa la senda descendente en los acuerdos de refinanciación homologados en 2017, incrementándose incluso su bajada, ya que hasta agosto de 2017 disminuyen un 30%, registrándose tan solo 40 frente a los 57 en 2016. La empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal es la micropyme.

Apunta el Refor que el legislador debería tener en cuenta la particularidad de la pyme y la importancia de la misma en España en el ámbito concursal, dado que que la gran mayoría de las pymes, son más bien micropymes y pequeñas empresas.

Aboga, por tanto, a introducir particularidades en la próxima reforma concursal para las mismas, distinguiendo entre autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, por sus peculiaridades y diferencias.

Señala el Atlas Concursal, que los acuerdos de refinanciación homologados en 2016 han sido menores que en 2015 -un 4%-. Por ello denuncia que no está funcionando uno de los pilares introducidos en la reforma concursal de  2014 y 2015. Por ello,  afirma que deberían plantearse ciertas reformas y modificaciones en los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, para que las empresas acudan a los mismos: limar formalidades, que el crédito público estuviera incluido, al menos en pymes en estos acuerdos y simplificar el procedimiento.

En otro orden de cosas, se superó el millar de mediaciones concursales hasta septiembre de 2016.  Crecen un 36,88% de junio a septiembre de 2016, pero solo el 4% son de empresas.

En cuanto a los acuerdos extrajudiciales de pagos, su número es reducido sobre todo para personas jurídicas: 17 frente a los aproximadamente 1.000 de personas físicas, según datos del Colegio de Registradores. Así, creen que debería ampliarse y facilitarse la segunda oportunidad incluyendo el crédito público, los avalistas y reducción el plazo de cinco a tres años.

Por ello, dicen que la reforma concursal debería hacer más atractivo y facilitar la resolución de las insolvencias y evitar cierres en economía sumergida.

Fuente: El economista.

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EL PRECONCURSO DE ACREEDORES

22 septiembre, 2017 - 

Cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia, es decir, cuando no sea capaz de cumplir sus obligaciones, tiene la obligación legal de solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses.

No obstante, hay una solución previa a la solicitud del concurso. El art. 5 bis de la Ley Concursal permite al deudor, antes de que transcurra el plazo legal para solicitar el concurso, iniciar negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Para iniciar este procedimiento es necesario comunicar al juzgado competente para la declaración de su concurso, es decir al Juzgado de lo Mercantil del territorio donde la sociedad tenga el centro de sus intereses principales, que se han iniciado las negociaciones. Dicha comunicación debe producirse antes de que finalice el plazo de 2 meses para solicitar el concurso.

De esta forma, realizada la comunicación en plazo, no será exigible al deudor el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario, quedando dicho plazo paralizado.

Una vez que el deudor concursal presenta la documentación necesaria ante el Juzgado de lo Mercantil dispondrá de 3 meses para culminar un acuerdo con sus acreedores concursales. Dicho acuerdo podrá consistir, entre otros, en que éstos condonen o perdonen parte o la totalidad de la deuda.

Con la conclusión de estos acuerdos lo que se busca es salvar el estado de insolvencia de la mercantil, evitando tener que declarar el concurso de acreedores.

En caso de llegar a un acuerdo de refinanciación,  y éste cumpla los requisitos de la LC éste podrá ser homologado judicialmente.

El principal objetivo de esta homologación judicial es que aquellos acreedores concursales que durante la “negociación” fueron detractores del acuerdo o no lo hubieran firmado, tengan que someterse a los efectos de espera y/o aplazamiento que se hayan negociado, siempre y cuando no estemos ante créditos con una garantía real.

Los requisitos que establece el art. 71 bis de la LC para que el acuerdo pueda ser homologado judicialmente son los siguientes:

  1. Que haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación.
  2. Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante.
  3. Que haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.

Uno de los beneficios que tiene para el deudor el inicio de este expediente es que desde la comunicación al Juzgado del inicio de las comunicaciones no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1;
  2. Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación;
  3. Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio;
  4. Tenga lugar la declaración de concurso.

En el caso de ejecuciones ya iniciadas,  se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas.

Se debe tener en cuenta que lo dispuesto anteriormente no es de aplicación a los acreedores con garantía real, que podrán ejercitar la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía, sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se haya realizado alguna de las actuaciones indicadas o haya transcurrido el plazo de 3 meses para alcanzar un acuerdo.

Por otro lado, quedan excluidos del régimen mencionado los acreedores de derecho público, que podrán inciar procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos sus créditos.

En caso de que dentro de los tres meses siguientes en los que el deudor concursal puso en conocimiento del Juzgado el inicio de negociaciones de refinanciación de su deuda o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, éstos hayan resultado infructuosos, y siempre y cuando el deudor no haya podido salvar su estado de insolvencia, éste estará obligado a solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente.

Como se desprende del presente artículo, el preconcurso de acreedores sirve en primer lugar como vía para ganar tiempo y poder salvar la empresa evitando así instar el concurso de acreedores (siempre y cuando se pueda superar el estado de insolvencia), y en segundo lugar, como una “barrera de protección” frente a los acreedores concursales, ya que tal y como se desprende de lo dispuesto en el art. 15.3 de la LC, durante el periodo que dura el preconcurso, los acreedores concursales no podrán instar el concurso necesario frente al deudor.

Si usted o su empresa se encuentra en situación de insolvencia no dude en ponerse en contacto con SE Consultores, nuestros profesionales le ofrecerán la mejor solución.

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VENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES

15 septiembre, 2017 - 

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) prevé unos trámites muy concretos para que un socio pueda vender sus participaciones. Salvo disposición contraria de los estatutos, será libre la transmisión voluntaria de participaciones entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, la transmisión está sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos y, en su defecto, las establecidas en la LSC.

Si tiene intención de vender sus participaciones de una sociedad limitada, debe conocer los requisitos y limitaciones que se establecen en la Ley de Sociedades de Capital con relación a las transmisiones de estas participaciones.

En general, cuando se quieren vender las participaciones de una SL, se ha de seguir el régimen que establezcan los estatutos. Si éstos no dicen nada, se aplican las siguientes normas:

  • Es libre la venta a cualquiera de sus socios, a su cónyuge, ascendientes o descendientes. Si quien transmite es una sociedad, también es libre la transmisión a otra de su mismo grupo.
  • No obstante, si quiere vender las participaciones a alguien distinto, antes deberá comunicar su intención de vender y las condiciones de la venta por escrito a los administradores de la sociedad, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión. Ello es así dado que los socios actuales de la misma tienen un “derecho de adquisición preferente” de sus participaciones.
  • La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley.
  • La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al transmitente si concurrió a la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.
  • Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la Junta General podrá acordar que sea la propia sociedad la que adquiera las participaciones
  • El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado.
  • El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes.
  • El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes.

En caso de precisar asesoramiento en relación al tema planteado no dude en ponerse en contacto con SE Consultores.

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